Generador de documentos

Documento mediante el cual un abogado apoderado autoriza al Tribunal Superior Electoral a entregar un expediente relativo a una solicitud de rectificación de acta del estado civil a una persona designada. Lo utilizan abogados que gestionan trámites de rectificación de actas y necesitan que un tercero retire físicamente el expediente en su nombre.

Documento de publicación que da a conocer públicamente la sentencia de divorcio y su transcripción en el Registro Civil, conforme al Artículo 42 de la Ley 1306-Bis; lo utiliza el abogado de una de las partes divorciadas para cumplir con el requisito legal de publicidad.

Documento que se publica en un periódico de circulación nacional, en cumplimiento del Artículo 42 de la Ley No. 1306-Bis sobre Divorcio, para dar a conocer públicamente que una sentencia de divorcio fue dictada y transcrita en los registros del Estado Civil. Lo utiliza el abogado de una de las partes divorciadas para dar publicidad legal al divorcio.

Aviso que la parte interesada publica en un periódico nacional y uno regional tras fijarse la audiencia, y que luego se coloca en el terreno, el ayuntamiento, el juzgado de paz y el tribunal, informando la fecha de la audiencia y emplazando a todo interesado.

Texto del aviso que se publica en un periódico de circulación nacional y en uno regional o local, al menos diez días antes de los trabajos de campo, con todos los datos que exige el reglamento. También sirve de base para el aviso que se fija en el terreno.

Documento mediante el cual el titular de un certificado financiero (o de inversión/depósito a plazo) notifica públicamente su extravío, con el fin de prevenir usos fraudulentos y cumplir con los requisitos exigidos por la entidad bancaria para la reposición del título. Lo utiliza cualquier persona física que haya perdido su certificado financiero y necesite publicar el aviso en un periódico u otro medio para fines legales.

Documento emitido por una entidad bancaria para certificar que el titular unico de una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada en formacion ha depositado los fondos correspondientes al capital social, requisito exigido para la constitucion y posterior matriculacion de la empresa en el Registro Mercantil. Lo utilizan los bancos a solicitud del titular de la EIRL en proceso de constitucion, y el documento sirve de soporte para los tramites de registro societario.

Carta que un cliente emite a favor de un proveedor para certificar un trabajo, suministro u obra que este le ejecutó, con monto, fechas y conformidad, y que el proveedor usa para acreditar experiencia en el Sobre A de una licitación; la piden empresas nuevas que necesitan demostrar trayectoria.

Reclamación por escrito ante la distribuidora de electricidad por una factura alta, un cobro indebido, un cambio de tarifa o un corte indebido. Es la primera instancia obligatoria: sin ella PROTECOM no recibe el reclamo. Pide respuesta por escrito y que no se suspenda el servicio mientras se decide.

Aviso escrito que el agrimensor entrega, con acuse de recibo, a los colindantes, titulares de derechos, ocupantes y a Mensuras Catastrales, indicando la fecha, hora y lugar en que empezarán los trabajos de campo de un deslinde, regularización parcelaria o saneamiento. Sin esta comunicación el trabajo se rechaza.

Cuando el deslinde o la regularización parcelaria se basan en un acto de venta, el agrimensor debe comunicar al titular registral que vendió el resultado de la mensura, con los planos y cualquier diferencia de área, para que pueda objetar dentro de quince días hábiles. Nunca puede hacerse a domicilio desconocido.

Comunicación formal dirigida a la Dirección General de Impuestos Internos mediante la cual un contribuyente con interés personal y directo consulta cómo se aplica la ley tributaria a una operación concreta suya, al amparo de los artículos 38 al 42 del Código Tributario. La respuesta vincula a la Administración frente a quien consultó, no admite recurso y queda sin efecto si se dio sobre datos inexactos, así que la exposición de los hechos es lo que decide su valor. La usan empresas y sus asesores antes de estructurar una operación cuyo tratamiento fiscal no está claro.

Reclamación ante la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (PROTECOM) cuando la distribuidora rechazó el reclamo o no respondió a tiempo. Expone por qué la respuesta es incorrecta y pide que se revise el caso y que no se suspenda el servicio.

Documento mediante el cual una persona solicita formalmente a una entidad bancaria la devolución de los fondos depositados en concepto de garantía de alquiler. Lo utiliza un inquilino o arrendatario que constituyó dicho depósito y requiere su restitución.

Comunicación con la que el socio de una SRL que quiere vender sus cuotas a un tercero le informa a la sociedad y a cada socio el proyecto de cesión, como exige el art. 97 de la Ley 479-08; desde ese aviso corren los plazos para que la sociedad convoque la asamblea y decida.

Comunicación con la que el concedente pone fin a un contrato de concesión o distribución por justa causa, o con preaviso cuando el contrato está bajo el régimen del DR-CAFTA, dejando constancia de los incumplimientos que la justifican para defenderse de un reclamo de la Ley 173-66.

Comunicación formal con la que un proveedor del Estado reclama a la institución contratante el pago de facturas vencidas de un contrato público, pide los intereses por mora del contrato y advierte los derechos que la ley le da si la demora se prolonga.

Recurso ante el Consejo de la Superintendencia de Electricidad (SIE) contra la decisión de PROTECOM sobre una reclamación de factura, tarifa o servicio, para que la revise y la modifique. Lo pueden presentar el usuario o la distribuidora.

Carta con la que un oferente entrega, dentro del plazo, los documentos o aclaraciones que la institución contratante le pidió subsanar en su oferta.

Instancia mediante la cual un oferente o interesado pide a la institución contratante copia de las ofertas, informes de evaluación y actas de un procedimiento de compras públicas, normalmente para preparar un recurso de reconsideración dentro de su plazo.

Comunicación con la que un interesado hace preguntas o pide aclaraciones sobre el pliego de condiciones de un procedimiento de compras públicas antes de presentar su oferta.

Comunicación con la que el proveedor adjudicatario pide a la institución contratante autorización para subcontratar una parte de un contrato público, acreditando al subcontratista y el porcentaje.

Carta formal dirigida a una Cámara de Comercio y Producción para solicitar la expedición de una copia simple del registro mercantil de una empresa; la utiliza cualquier persona interesada (abogado, representante o tercero) que necesite obtener dicho documento societario.

Solicitud con la que el proveedor pide a la institución contratante ajustar el precio o las condiciones de un contrato público porque, después de firmado, subieron los costos o surgió un hecho imprevisible que rompió su equilibrio económico.

Instancia con la que un distribuidor, agente o representante dominicano inscribe en el Banco Central la empresa extranjera que representa, dentro de los sesenta días de contratado, como exige el art. 10 de la Ley 173-66 para poder reclamar su protección; sin este registro la demanda por terminación puede declararse inadmisible.

Comunicación formal dirigida al Procurador General de la República mediante la cual un abogado, generalmente un defensor público, solicita el retiro de las fichas o antecedentes judiciales de un ciudadano que ha sido descargado por un tribunal, con el fin de facilitar su reinserción social y laboral.

Solicitud con la que un oferente pide retirar su oferta después de la apertura del Sobre A, sin perder la garantía de seriedad ni ser sancionado, por una causa de fuerza mayor comprobada.

Documento dirigido a la Dirección General de Impuestos Internos mediante el cual un contribuyente solicita la revisión y descargo de una multa impuesta por una presunta falta tributaria, exponiendo los hechos que justifican la demora u omisión. Lo utiliza un contribuyente o su representante legal para argumentar ante la administración tributaria que el incumplimiento se debió a causas de fuerza mayor y no a mala fe.

Solicitud a la distribuidora para que verifique el funcionamiento del medidor en presencia del titular y, si hace falta, lo contraste en el sitio o en laboratorio, cuando se sospecha que registra de más.